El Servicio de Seguridad Social de la Armada realizó en los últimos dos años imposiciones a plazo fijo con vencimiento a uno o dos meses, como máximo a tres, de 300 millones de pesetas en la sociedad Gescartera, en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó un agujero de más de 13.000 millones de pesetas, informaron ayer fuentes del propio Ministerio de Defensa. Las mismas fuentes subrayaron la legalidad y normalidad de estas imposiciones, que se realizaban en virtud de una Orden Ministerial, y en las que se recuperó el dinero invertido, puesto que se procedió a retirarlo el pasado mes de abril, cuando comenzaron a producirse retrasos injustificados.
Con estas inversiones, el Servicio de Seguridad Social de la Armada obtenía un rendimiento de un 5 ó 6 por ciento, que se destinaba a «pensiones graciables». Entre los afectados por las supuestas irregularidades cometidas por la agencia de valores se encuentran, entre otras instituciones, la Mutua de la Policía, la Iglesia y los huérfanos de la Guardia Civil. Mientras, el propietario del grupo Gescartera, Antonio Rafael Camacho, actualmente en prisión, usó el dinero de los clientes de la agencia de valores para adquirir artículos de lujo, entre ellos un automóvil de la marca Jaguar, valorado en varios millones de pesetas.
Así lo declaró ayer una contable de Gescartera ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que investiga el paradero del dinero depositado por los clientes que ha desaparecido de la agencia de valores, y cuyo agujero asciende ya a unos 18.000 millones de pesetas, según fuentes de la investigación. La contable relató, ante la juez que Camacho, que le pedía que le extendiera cheques bancarios con el dinero de los clientes para pagar gastos de la agencia, aunque con el paso del tiempo se percató de que utilizaba estos fondos para comprar artículos de lujo.
El ministerio de Administraciones Públicas aceptó ayer, por otra parte, la petición del ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, de analizar si vulneró su régimen de incompatibilidades al haberse relacionado profesionalmente con Gescartera tras abandonar el cargo. Ramallo, que abandonó la vicepresidencia de la CNMV el pasado mes de octubre, se dirigió también ayer a la Fiscalía Anticorrupción para ofrecerse a prestar declaración para aportar la información que conoce de Gescartera.