Pese al aumento de la condena en cuatro años que dictó la semana pasada el Tribunal Supremo para los inculpados por el «caso Lasa-Zabala», la familia del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo aún no ha perdido la esperanza. Tal y como anunciaron la semana pasada, la esposa y los hijos del general hicieron ayer entrega de la solicitud de indulto total para su marido así como para el resto de condenados, el mismo día en que el abogado de la acusación, Íñigo Iruin y familiares de los etarras asesinados, mostraron su satisfacción por el incremento de las condenas.
El pasado día 25 de julio, el Tribunal Supremo decidió aumentar en cuatro años la condena de los imputados en los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala dictada en abril de 2000 por la Audiencia Nacional. Esta resolución afectaba al general Rodríguez Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, al teniente Àngel Vaquero y a los guardias civiles Felipe Bayo y Enrique Dorado por secuestrar, torturar y asesinar a los dos etarras.
Aunque, al poco de conocerse la sentencia, los familiares de Galindo manifestaron que esta decisión había sido «un jarro de agua fría», su descontento se vió materializado ayer en el Registro General del Ministerio de Justicia, donde han presentado la solicitud de indulto total para todos los inculpados. Como apoyo a esta petición, los familiares entregaron en el Registro las carpetas con documentación para reforzar su solicitud, que incluía unas 100.000 firmas de adhesión popular a la petición de indulto para el general recogidas por iniciativa familiar.
Tras la entrega de estos informes, la hija del general, María Fernanda Rodríguez Àlvarez-Sotomayor, manifestó «la disconformidad absoluta» de la familia con la sentencia del Supremo. Según dijo, toda la familia tiene el convencimiento de que el miedo manifiesto en la sociedad española, derivado de los atentados terroristas, ha sido el detonante en esta decisión judicial.