El PP y el PSOE acordaron ayer aplazar hasta septiembre la negociación sobre los órganos constitucionales tras constatar que no es posible llegar un acuerdo antes de agosto sobre la renovación del CGPJ, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional. En esta última fase de la negociación el obstáculo principal ha sido la inclusión de la diputada del PNV Margarita Uría en el CGPJ, para la cual los socialistas estaban incluso dispuestos a ceder uno de sus candidatos, pero que fue rechazada por el PP por proceder directamente de la vida política.
Como ocurrió tras el bloqueo de la semana pasada, los portavoces parlamentarios de PP y PSOE, Luis de Grandes y Jesús Caldera, se reprocharon mutuamente, en sendas ruedas de prensa ante los periodistas, el fracaso de las negociaciones. El portavoz del grupo popular, Luis De Grandes, se mostró convencido de que los socialistas han primado un acuerdo con el PNV sobre el necesario pacto para renovar las instituciones y lamentó que el PSOE no haya tenido voluntad política y haya preferido hacer oposición antes que respetar el principio de acuerdo alcanzado el pasado jueves.
De Grandes volvió a negar que su grupo haya planteado ningún veto personal a los candidatos propuestos por el PSOE o por el PNV e insistió en que las objeciones del PP a los candidatos socialistas al Tribunal de Cuentas se refirió al excesivo número de ellos que tenían un marcado perfil político. Por su parte, Jesús Caldera, consideró que han sido «los vetos» y la «doble vara de medir» del Partido Popular lo que han impedido un acuerdo, para el que aseguró que los socialistas han trabajado «de buena fe».
Caldera, que rechazó las acusaciones de haber pactado esta situación con el PNV, insistió en la importancia de que estén representados los nacionalistas vascos en el CGPJ, ya que aseguró que a la democracia española «no le conviene» que estos queden fuera de un órgano del Estado. El portavoz socialista consideró que el PP deberá explicar a las asociaciones judiciales su actitud y que el presidente del Gobierno, José María Aznar, deberá también aclarar «por qué irrumpió en las conversaciones injuriando gravemente al PSOE», al atribuir las propuestas de los socialistas a la necesidad de resolver problemas internos.