El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reunirá el próximo jueves, 26 de julio, en Londres con su homólogo del Reino Unido, Jack Straw, para reanudar el proceso negociador abierto en 1984 en Bruselas sobre la soberanía de Gibraltar. Así lo anunció ayer tarde la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que se recuerda que la última reunión ministerial del Proceso de Bruselas tuvo lugar el 10 de diciembre de 1997. En aquella reunión, que también se celebró en Londres, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, ofreció a Gibraltar amplios poderes jurídicos, legislativos y de gobierno, y el mantenimiento de sus ventajas aduaneras y fiscales.
Fuentes de la OID destacaron la importancia de reabrir este diálogo y recalcaron que la propuesta española que presentó Matutes hace cuatro años sigue encima de la mesa. Piqué y su homólogo ya habían hablado de manera informal, en las reuniones de ministros de Luxemburgo y Bruselas, sobre la posibilidad de reanudar el Proceso de Bruselas. Las fuentes consultadas explicaron además que en los últimos tiempos se han registrado hechos destacados en torno a Gibraltar, como la avería del submarino nuclear británico «Tireless», que se vio obligado a atracar en el Peñón durante casi un año hasta su partida el pasado mes de mayo. Estas mismas fuentes insistieron en abordar el proceso negociador con tranquilidad y parsimonia, desde el convencimiento de que es un contencioso largo y difícil, y subrayaron la necesidad de establecer entre ambas partes los niveles de confianza necesarios.
España y Gran Bretaña acordaron en Bruselas, el 27 de noviembre de 1984, celebrar reuniones anuales para tratar asuntos sobre la cooperación entre Gibraltar y su entorno y negociar los asuntos del Peñón, incluidos los asuntos de soberanía. Actualmente la propuesta española consiste en otorgar a Gibraltar un estatuto de autonomía con amplias competencias, como el de Cataluña y el País Vasco, que incluye el mantenimiento de la lengua inglesa en la colonia y la libre elección de nacionalidad británica o española, así como la preservación de las peculiaridades fiscales y financieras en la UE, y ofrece una soberanía compartida durante un período de al menos 50 años. El Reino Unido ve de momento inviable una soberanía conjunta y ha dejado claro que no será tomada una decisión sin contar con la opinión de la colonia.