La UGT deberá indemnizar con un máximo de 13.000 millones de pesetas a los perjudicados por la crisis de PSV, según la sentencia dada a conocer ayer por la Audiencia Nacional, en la que se impone una pena de dos años y cuatro meses de cárcel al ex director de la cooperativa, Carlos Sotos. Con la sentencia de la Audiencia Nacional, se cierra el importante conflicto social que provocó la suspensión de pagos de esta cooperativa de viviendas en diciembre de 1993, en la que habían invertido 54.300 millones de pesetas unos 19.135 cooperativistas.
La condena de Sotos está acompañada por la absolución de los otros cuatro acusados en este proceso, los ex directivos de la gestora IGS, también vinculada a UGT, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y los ex secretarios de finanzas de UGT Sebastián Reyna y Paulino Barrabés. Para justificar esta decisión, el tribunal asegura tener «serias y racionales dudas sobre su responsabilidad criminal», ya que sólo pudieron incurrir en «inobservancia» de lo que ocurría en PSV, puesto que «todo estaba en manos de Sotos».
Tras escuchar a unos 70 testigos durante casi un año, el Tribunal opina la PSV no era una «cooperativa al uso», sino que formaba parte de un proyecto más «amplio y ambicioso patrocinado por la UGT». Este es el motivo por el que la sentencia declara al sindicato responsable civil subsidiario de la pena impuesta a Carlos Sotos, lo que hace que recaiga en esta organización el pago de la indemnización de 13.000 millones de pesetas a los cooperativistas, que se repartirán cuando se decrete la ejecución de la sentencia. La Audiencia Nacional describe en la sentencia con dureza la responsabilidad de Sotos al frente del grupo empresarial que creó el sindicato en torno al grupo Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos (IGS), del que formaba parte la PSV.
Según la sentencia, Sotos era la persona que «hacía y deshacía según su leal saber y entender, sin limitación alguna y con la anuencia expresa o tácita de los demás», por lo que le atribuye la responsabilidad de la crisis de la cooperativa, en la que nunca se enriqueció. Aunque esta resolución será recurrida ante el Supremo, como ya anunciado el abogado de Sotos, el ex director no ingresará en la cárcel, pues no cuenta con antecedentes penales y se le descontarán los trece meses que permaneció en prisión preventiva al inicio del proceso.