El PP, que no había desvelado hasta ahora sus preferencias para el nuevo modelo de financiación que deberá entrar en vigor en 2002, aboga en su propuesta por incluir la Sanidad y el Imserso en el sistema general y por crear un Fondo de Solidaridad para garantizar recursos adicionales a las Comunidades Autónomas «menos favorecidas». Para reforzar la corresponsabilidad en la obtención y utilización de recursos por parte de las CC AA el PP apuesta por «incrementar sustancialmente» la capacidad normativas en impuestos ya cedidos, como Patrimonio, Sucesiones, Trasmisiones Patrimoniales e IRPF y por «dar entrada» a las Comunidades Autónomas «en el resto de los principales impuestos del Estado» como el IVA y los denominados impuestos especiales (tabaco, alcohol, carburantes).
Además precisa que el diálogo entre las Comunidades Autónomas y el Estado se realizará a través de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «reforzado» y que se potenciarán las relaciones de coordinación de las CC AA con la Agencia Española de Administración Tributaria. La suficiencia financiera, siempre según el modelo del PP, se conseguiría aportando los necesarios a cada comunidad para hacer frente a las competencias. En el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, el sistema se completará atendiendo a las circunstancias particulares de sus regímenes económicos y fiscales.
El secretario general del PP, Javier Arenas, que expuso la propuesta ante la Interparlamentaria Popular que se celebra en Santiago de Compostela, confió en que el documento sirva de base para la negociación con los demás partidos políticos que permita aprobar el un nuevo sistema «con el mayor consenso posible» para garantizar su solidez del sistema y su estabilidad en el tiempo "hasta ahora se renueva cada cinco años".
En este sentido, admitió que es necesaria la participación del PSOE, principal partido de la oposición, que gobierna además en varias autonomías. Arenas pidió a los socialistas, a los que enviará el documento aprobado hoy, que hagan autocrítica, ya que algunas de las comunidades que gobierna, caso de Andalucía, por no haber suscrito el anterior modelo han perdido ingresos de más de 160.000 millones de pesetas. «No se puede pretender hacer oposición desde las comunidades autónomas», dijo Arenas refiriéndose tanto al pasado como al futuro.
Los presidentes de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cantabria, La Rioja y Castilla y León, todos ellos del PP, valoraron la propuesta de su partido, por considerar que avanza en los principios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad y aboga por mayores cotas de autogobierno e invitaron a las comunidades socialistas a colaborar en la negociación del nuevo.