El Gobierno acordó ayer incorporar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) los títulos representativos del capital de la naviera Trasmediterránea, así como el traspaso de otras ocho empresas públicas, todas adscritas a la Dirección General de Patrimonio del Estado, con el fin de iniciar su proceso de privatización.
Durante la reunión del Ejecutivo presidido por José María Aznar, se decidió incorporar a la compañía Trasmediterránea dentro de la SEPI para iniciar así su proceso de privatización, aunque, según admitió la propia compañía, aún no se ha elegido el método que se va a seguir para cambiar el modelo. La valoración de la naviera se sitúa por encima de los 50.000 millones de pesetas. Actualmente, la compañía de transportes se está revalorizando debido al plan de renovación de su flota, en el que se ha invertido en torno a 60.000 millones de pesetas.
Además de Trasmediterránea, se acordó el traspaso de otras ocho empresas públicas. Estas son la Agencia EFE, Alimentos y Aceites, Compañía Española de Tabaco en Rama, Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, Empresa Nacional de Autopistas, Expasa (Agricultura y Ganadería), Minas de Almadén y Arrayanes y la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA).
Así, también se incorporan a SEPI las participaciones minoritarias que la Dirección General de Patrimonio tiene en Axis (Sociedad de Capital y Riesgo) y en BEX Cartera (Sociedad de Inversión Inmobiliaria). Este acuerdo, el primero al que se llega después de la modificación de la Ley del Patrimonio, tiene como fin abordar los procesos de reestructuración o privatización de estas empresas.
De este modo, se incorporan al holding presidido por Pedro Ferreras sociedades que deben abordar procesos de reestructuración o ser privatizadas, «aprovechando la experiencia de SEPI en estas situaciones», señaló el ministro Portavoz, Pío Cabanillas. Además, el Ejecutivo quiere configurar Patrimonio como propietario de participaciones de empresas instrumentales que ejecutan políticas públicas. Este nuevo paquete de reformas de la empresa pública, que dirige y lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, supone «impulsar la política de privatizaciones y los profundos procesos de liberalización que caracterizaron la pasada legislatura, así como una política de reestructuración empresarial que optimice la utilización de los recursos disponibles en SEPI y en Patrimonio».