La ministra Villalobos afirmó en Barcelona que está trabajando con los diferentes sectores implicados, «laboratorios, distribuidores, farmacéuticos y pacientes», para «controlar» el gasto farmacéutico y reducirlo a la mitad, porque uno de los problemas del sistema sanitario es el elevado gasto anual en recetas farmacéuticas de asistencia primaria.
El Estado, dijo, «no puede destinar el 25 por ciento del gasto sanitario a pagar recetas», aunque aclaró que «todavía» no han decidido generalizar los copagos» y que la decisión que se tome tendrá que presentarse ante el Consejo Interterritorial como paso previo a su tramitación parlamentaria. Hasta ahora, el sistema de copago es aplicable sólo a los trabajadores en activo, pero si se generalizara podría aplicarse a todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas, en función de su nivel de renta. Villalobos cree imprescindible que su Ministerio reduzca su gasto en recetas para poder dedicar mayor presupuesto a «evitar las listas de espera y a mejorar los salarios de los trabajadores de la sanidad pública».
El secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que el sistema de «copago» para financiar el sistema de salud público es «inaceptable», y subrayó que el derecho a la salud está «constitucionalmente garantizado». López Aguilar reconoció que «el sistema sanitario español tiene un desafío financiero», pero advirtió de que «el tema debe ser tratado en serio» y no mediante «globos sonda para ver cómo reacciona la opinión y ver qué dice el PSOE».
La portavoz de Sanidad de Convergencia i Unió (CiU), Zoila Riera, aseguró que si el Gobierno tiene intención de aplicar un sistema de copago de los medicamentos, debe presentar una propuesta en el Parlamento o en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en lugar de lanzar «globos sonda», pues considera que este tipo de cuestiones son delicadas, tienen mucho calado político y no deben ser «instrumentalizadas demagógicamente».
La portavoz de Sanidad de IU, Marisa Castro, expresó el rechazo de su grupo al «copago» de los medicamentos porque a su juicio, acarrearía una clasificación de los pensionistas en función de su renta y supondría un «fracaso» a la hora de ahorrar gastos. Castro aseguró que en caso de que se aplique el «copago» en función de la renta de los ciudadanos reflejaría el «fracaso» de la política del Gobierno para controlar el gasto farmacéutico.