La unidad de acción sindical está claramente dañada. Ayer la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato UGT ha decidido no sumarse al acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social que el próximo lunes firmarán en el Palacio de la Moncloa el Gobierno, CEOE y CC OO. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, reconoce que se ha abierto una grieta en la unidad sindical, que podría incluso hacer peligrar la convocatoria unitaria que cada año realizan las centrales con motivo del primero de mayo. UGT mantiene la conveniencia de un paro general y rechaza que el Ejecutivo de José María Aznar decida mediar en la negociación colectiva, «que debe ser un asunto exclusivo de empresarios y sindicatos».
Cándido Méndez no aparecerá esta vez en la foto de la firma del acuerdo sobre pensiones. El órgano consultivo del sindicato ha decidido apoyar a su secretario general y no adherirse al preacuerdo por considerar que no recoge las demandas del sindicato. No obstante condicionó la firma a la modificación de una serie de aspectos incluidos en el mismo. En su opinión se deberían haber abordado dos grandes cuestiones: la separación definitiva de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y la atención a las graves lagunas de desprotección que se producen en el sistema público de pensiones.
«La separación de fuentes de financiación se dilata injustificadamente a un plazo de 12 años lo que conllevará que se produzcan trasferencias hacia el Estado desde la Seguridad Social que pueden superar los 3'5 billones de pesetas, lo que afectará a la debida capitalización de la misma», explicó Méndez y añadió que la jubilación anticipada, más allá de la elevación a 30 años del periodo cotizado y de la fijación de 61 años de edad, como condiciones de acceso, no se contempla como un derecho voluntario del trabajador, sino como una circunstancia derivada del despido por las empresas.
Además, considera «gravísima» la situación de desprotección de los trabajadores mayores de 52 años, que después de una larga carrera profesional pierden su empleo, ya que más del 80 por ciento de ellos son despedidos de forma individual y no tienen posibilidad de obtener cobertura de los planes sociales en los expedientes de regulación de empleo, en los que la intervención sindical mejora sus condiciones. Por todo ello, UGT pide a los que se han adherido al preacuerdo que éste contenga cuatro puntos que para el sindicato son básicos en la defensa de los trabajadores españoles. El primero de ellos es que el plazo máximo para la separación definitiva de las fuentes de financiación no sea superior a seis años. Además, piden que se reconozca el derecho voluntario de todo trabajador a adelantar la jubilación siempre que cumpla los requisitos de edad y de periodo cotizado.
«La tercera petición es que los trabajadores mayores de 52 años que sean expulsados del empleo cuenten con un mecanismo que, a través de la financiación de sus cotizaciones, les permita mantener el derecho a una pensión de jubilación digna a la que han contribuido a lo largo de su carrera profesional», explicó Méndez. Finalmente solicitan que se aseguren de manera clara que los niveles de proporcionalidad que se alcanzarán en 2003 entre el esfuerzo de cotización y el nivel de prestación sean adecuados.