El secretario de organización del PSOE, José Blanco, manifestó ayer el «respeto» de los socialistas a la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir los recursos contra el fallo del «Caso Marey» y dijo que «acatan» la resolución «sin ningún tipo de reservas». El dirigente socialista expresó su deseo de que esta decisión «no sirva para elevar la crispación política en este siglo XXI» en relación a un tema que, según dijo, «ya es del siglo pasado» y, por tanto, «hay que mirar al futuro como lo hace el PSOE». En este sentido, criticó al PP porque, según dijo, «cuando tienen alguna sentencia que no le gusta, no sólo la recurre, sino que descalifica la resolución» y se refirió en concreto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sueldo de los funcionarios y a la vuelta al ejercicio judicial de Gómez de Liaño.
También las asociaciones de Jueces y Fiscales mostraron ayer su «respeto» hacia la decisión del TC. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, señaló que «no hay nada que objetar» respecto a la sentencia. «Es totalmente respetable y no vemos ningún tipo de objeción», agregó Salazar, quien subrayó que los argumentos del Constitucional son «razonables». Por su parte, la portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, indicó que aunque desconocía por el momento los fundamentos jurídicos de la sentencia, la decisión del TC acredita que la sentencia del Tribunal Supremo se dictó conforme a la Constitución, sin vulnerar durante el procedimiento los derechos fundamentales de ningún condenado.
El TC ha avalado así la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón en el «caso Marey». El tribunal señala en varias sentencias donde rechaza todos los recursos de los condenados por «caso Marey» de los GAL que «ni se ha vulnerado garantía procedimental alguna ni muchos menos se ha infringido el derecho al juez imparcial», porque estima que no ha quedado probado que Garzón usara en la instrucción datos conocidos durante su etapa en el Ministerio del Interior.
Por su parte, Segundo Marey, secuestrado en 1983 en la primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), dijo ayer que está «muy feliz» de que el Tribunal Constitucional español haya confirmado las penas. «Me siento muy, muy contento», señaló Marey por teléfono desde su domicilio en Hendaya, localidad vascofrancesa fronteriza con España. «Suponiendo que (los magistrados) hubieran hecho lo contrario, me sentiría culpable. Si hubieran sido absueltos me hubiera sentido raro», comentó, y consideró «normal» el rechazo del Constitucional de los recursos presentados por los condenados.