El Gobierno, el PP y el PSOE respaldaron ayer las conclusiones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, sobre el deterioro de los derechos humanos en Euskadi, mientras que el Ejecutivo de Vitoria, PNV, EA, EH e IU lo vincularon a una estrategia electoral de 'populares' y socialistas. El informe de Gil-Robles atribuye esencialmente a la acción «directa de la banda terrorista ETA» y a la «violencia callejera» la situación en el País Vasco, pero denuncia también la responsabilidad del Gobierno autónomo vasco y de la Ertzaintza -a la que se acusa de «pasividad»- en la protección eficaz de los derechos ciudadanos.
El ministro de Interior, Mariano Rajoy, afirmó que el informe no le sorprende porque «es la constatación de un hecho objetivo», que «es muy difícil encontrar un lugar en el mundo, y prácticamente imposible dentro del espacio de civilización en el que vivimos, que haya una serie de señores que maten, asesinen, atenten y extorsionen por la sola circunstancia de que no piensan como ellos».
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, consideró que el informe peca de «parcialidad» y de «falta de rigor», y aseguró que se trata de un informe «escrito, dirigido y filtrado desde Madrid». Imaz lamentó que el informe, que, a su juicio, «sugiere la presunta pasividad de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, se produce paradójicamente la misma semana en la que ETA ha asesinado a un ertzaina por su compromiso, precisamente, contra ETA y con la lucha por las libertades de este país», y el mismo mes en el que la Ertzaintza ha desarticulado dos comandos operativos de ETA.
Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Jesús Caldera, resaltó la importancia de este «extraordinario» informe que, según dijo, supone un paso adelante en el combate contra ETA desde el ámbito internacional. Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, aseguró que el texto «apunta directamente al Gobierno de Ibarretxe» y demuestra «el fracaso del Gobierno Vasco y de las políticas nacionalistas».