El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, responsabilizó ayer a empresarios y sindicatos del fracaso en la negociación de la reforma laboral y les acusó de no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo por haber defendido más «los intereses de parte» que los intereses generales. Aparicio afirmó que el Gobierno dio un amplio plazo, establecido por los propios agentes sociales, para alcanzar un acuerdo.
Añadió que el fracaso de la negociación se debe, en su opinión, a que «se ha atendido más a los intereses de parte, a los intereses de las organizaciones, que al interés general» y reiteró que por ello el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un Decreto que atiende, «no solamente el incremento del empleo, sino también la mejora de su calidad».
Según el ministro, con esta medida «se trata de extender los buenos efectos de la reforma laboral de 1997, ya agotada, al mayor número de ciudadanos» e indicó que la nueva normativa laboral establece mecanismos de disuasión a la temporalidad y equilibra la protección que merecen los trabajadores sujetos al contrato temporal. A su juicio, con la nueva regulación se crea un contrato a tiempo parcial «comparable en cantidad y calidad a los de los países de la UE, desde el convencimiento de que el contrato a tiempo parcial es la mejor alternativa a la temporalidad».
El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, advirtió por su parte al Gobierno que su «manera de actuar augura malos tiempos». «Con decretos no se van a resolver los problemas del mercado de trabajo en España», añadió. Fidalgo destacó que, aunque el Gobierno afirma que ambas partes han tenido ocho meses de plazo para llegar a un acuerdo, «también es cierto que detrás de la patronal ha estado siempre el Gobierno garantizando que muchas de sus reivindicaciones pasarían a legislarse».