Las condiciones impuestas por el Gobierno sobre todo en lo referido a la modificación del tratamiento de los Costes de Transición a la Competencia han sido el detonante de la ruptura. La pareja de hecho del sector eléctrico español no llegó a celebrar su matrimonio. Los Consejos de ambas compañías se reunieron ayer por separado para adoptar una decisión sobre el proyecto de fusión y determinar si tenía «sentido económico». La conclusión a la llegaron, por unanimidad, es que la rentabilidad del futuro grupo corría peligro por las duras condiciones impuestas.
El límite de cuotas impuesto al grupo resultante el pasado viernes por el consejo de Ministros en las áreas de generación (42%), distribución (48%) y comercialización (40%), a pesar de ser inferior al que proponían las empresas, no fue bien acogido por las direcciones de las dos compañías.
A pesar de que las empresas se podrían quedar con los activos que no vendieran, los 15 consejeros de Endesa y los 22 de Iberdrola decidieron no dar su bendición a la unión. El detonante de la ruptura ha sido la decisión del Gobierno de que las empresas restaran de los Costes de Transición a la Competencia pendientes de recibir las plusvalías que se obtuvieran por la desinversión de activos. La pérdida de estas ayudas estatales podría suponer para el nuevo gigante dejar de ingresar cerca de 350.000 millones de pesetas.
Los equipos de gestión trabajaron durante todo el fin de semana para adaptar los planes de fusión a la información complementaria procedente del Gobierno y llevar la operación a buen término. El presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, acudió minutos después de las 9 de la mañana a la sede de Endesa para analizar las condiciones impuestas por el Gobierno con el presidente de esta eléctrica, Rodolfo Martín Villa. A la reunión acudió también Manuel Pizarro, vicepresidente de Endesa y futuro 'hombre fuerte' del grupo eléctrico a partir de 2003.