La Secretaría General del Congreso de los Diputados descarta que haya cauces para que esa Cámara recurra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios en 1997, aunque critica que el fallo niegue carácter legislativo a los Presupuestos Generales del Estado. Según un informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Congreso, la sentencia de la Audiencia Nacional «ha producido una situación hasta ahora inédita, que pone de manifiesto que las Cámaras carecen de vía para defender sus competencias frente a las sentencias que alteren el sistema de fuentes establecido».
El informe descarta, una tras otra, las posibles actuaciones del Congreso ante la sentencia y señala que sólo «en una interpretación forzada» de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa podría plantearse la actuación de la Cámara. En cualquier caso, los Servicios Jurídicos parten de la base de que el fallo de la sentencia «no contiene pronunciamiento alguno contra las Cámaras» y, al no ser parte, «la Cámara no está legitimada para formular un recurso de casación».
El informe también descarta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, ya que los Servicios Jurídicos consideran que las Cámaras «no tienen, ni han tenido» cauce alguno para comparecer. Descarta que el Congreso pueda suscitar un conflicto entre órganos constitucionales, pero critica que el fallo considere que los Presupuestos Generales del Estado se limitaron a «reflejar» la congelación salarial de los funcionarios y que su aprobación no se efectuó en el ejercicio de la potestad legislativa.
Respecto a las reformas que sugiere el informe, se centran en la posibilidad de articular la capacidad de denuncia del Poder Legislativo ante el Tribunal Constitucional por «el exceso en la actuación del juez o tribunal, siempre que no existiera otra vía jurisdiccional para remediar dicho exceso», puntualiza el texto del informe.