Jesús Caldera manifestó que la nueva ley de extranjería «permite la caza de brujas» y avanzó la presentación en las Cortes de una proposición no de ley de su grupo con el objetivo de abrir un proceso de regularización para los inmigrantes que se encuentran en España y que tengan una oferta de trabajo. Este dirigente socialista expresó asimismo la necesidad de que se reforme la nueva ley de extranjería y de alcanzar un Pacto de Estado en este tema, en el que participen los partidos, las comunidades autónomas, sindicatos, empresarios y representantes de los inmigrantes.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quiso contestar a la oferta del PSOE desde Lisboa, donde se encontraba para pedir el apoyo portugués a la extradición rápida de terroristas, asegurando que un país no puede estar modificando continuamente su legislación y que la ley de extranjería entró en vigor «anteayer y no se pueden hacer improvisaciones cada diez minutos».
Por su parte, Artur Mas apostó por regularizar la situación de los inmigrantes que actualmente están en España y rebajar el contingente del cupo de 2001. Mas añadió que se trata de «flexibilizar» la ley de extranjería y de ser conscientes «de la dificultad de repatriar a los inmigrantes que no queden regularizados.
Desde las filas gubernamentales se insiste en las bonanzas de la nueva ley. El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, cree que el texto acabará con la explotación de inmigrantes que permitía la anterior. Independientemente de los resultados a largo plazo, se ha podido constatar que el efecto inmediato de esta nueva ley ha sido el despido de inmigrantes que estaban trabajando 'sin papeles', ante el temor de los empresarios a las multas que pueden llegar a los diez millones.