El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido ayer en Madrid, aprobó una declaración institucional en la que se expresa su más firme rechazo a las descalificaciones personales aparecidas en la prensa contra algunos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que suspendió el indulto concedido por el Gobierno al ex juez acusado de prevaricación Javier Gómez de Liaño. Los medios no fueron los únicos en recibir ayer críticas por su actuación en este caso. PSOE e IU advirtieron al Gobierno que, si continua con este asunto y presenta un recurso perderá el crédito de la sociedad española e, incluso, pondrá en peligro la democracia.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, dirigió sus ataques al Gobierno, al que pidió que no plantee un conflicto de competencia, debido a que en la Sala de conflictos «hay miembros nombrados por el Gobierno» que le pueden hacer ganar el caso, «aunque perjudicase su credibilidad ante la sociedad española y el crédito de la Justicia». «El Ejecutivo tiene límites, y el indulto no lo puede todo», dijo Caldera, ya que «cuando un juez comete un delito de prevaricación tan grave como adoptar una decisión injusta sabiéndolo y con intencionalidad», este juez no puede volver a la carrera judicial. «Y así lo decidió el Supremo».
Además, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que si el Ejecutivo «se empecina» en la intención de recurrir la decisión del Supremo convertirá «un error político en un deterioro institucional». De continuar adelante el Gobierno de José María Aznar, según dijo, incluso «pondrá en peligro la calidad de la democracia.
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luis Román Puerta Luis, se mostró especialmente molesto el martes por las descalificaciones aparecidas en algún medio de comunicación, tras la decisión de suspender el indulto concedido a Gómez de Liaño, un malestar que transmitió al presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio.