El ministro de Justicia, Àngel Acebes, se amparo ayer en la legalidad y en la Constitución para explicar la concesión de 1.443 indultos por parte del Gobierno, entre ellos el de Javier Gómez de Liaño, que fue criticado por el grupo socialista al calificarlo de «agresión a la democracia». Acebes se pronunció así en el Congreso, donde recordó los criterios generales del Gobierno para la concesión de los indultos, y afirmó, al referirse al de Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación como juez, que «no es irreversible recuperar el disfrute» del derecho al empleo.
Además, el ministro, que agradeció a la mayoría de los grupos parlamentarios su respaldo, insistió en que la decisión del Gobierno no constituía una amnistía o un indulto general y comentó que los 1.443 indultos responden a un examen individualizado. Para el titular de Justicia, «es evidente» que el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en las facultades judiciales, de la misma forma que lo es, en su opinión, que el poder judicial «no puede inmiscuirse en el ejercicio exclusivo del derecho de gracia por el ejecutivo y ha de limitarse a respetar la decisión y a poner diligentemente en ejecución de sus efectos».
Tras señalar que «es posible y frecuente indultar inhabilitaciones», aseguró que la Constitución sólo restringe el indulto al presidente del Gobierno o a los miembros del mismo y que la ley tampoco prohíbe el indulto de ningún delito. Acebes dijo que no se han adoptado la totalidad de los indultos para encubrir a uno y se dirigió a los socialistas a quienes dijo que «se equivocan si siguen pensando que el indulto es un buen instrumento jurídico para resolver los problemas políticos del partido propio» y que «son conspiraciones todavía vivas y no los errores propios, los que les hicieron dejar el poder».