Tres días después del Consejo de Ministros en el que se acordaron los 1443 indultos, el PSOE decidió ayer poner en marcha una ofensiva parlamentaria que incluye la petición de comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Angel Acebes; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado.
Así lo anunció en conferencia de prensa el secretario de Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, quien acusó al Ejecutivo de José María Aznar de «encubrir» con un «indulto general» el indulto «políticamente relevante» de Javier Gómez de Liaño. López Aguilar afirmó que el objetivo del Gobierno «no es otro que ofrecer cobertura y arropamiento a un indulto políticamente relevante» -el de Gómez de Liaño-, mediante un «indulto general» que «encubre una amnistía singular adoptada por decreto en Consejo de Ministros». A juicio del PSOE, la concesión de este «indulto general» constituye «un abuso de poder, un fraude de Constitución y un atentado contra el Estado de Derecho que funda esa Constitución con la que Aznar se llena la boca un día sí y otro también».
De «indulto general» habló también el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien manifestó que la Constitución «no permite» conceder un «indulto general» como el aprobado por el Ejecutivo. «El Gobierno ha anulado decisiones del Tribunal Supremo sobre el alcance de una condena judicial» y «a mí -dijo Zapatero- me preocupa muchísimo, porque hemos tenido un Gobierno y un PP que han clamado durante años en torno a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial».
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró hoy que no entiende cómo se ha concedido el indulto a Liaño, mientras que el general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo permanece en prisión, en cumplimiento de la pena que le fue impuesta por el «caso Lasa-Zabala».