El Congreso aprobó ayer con los votos del PP, CiU y CC el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería en vigor. El PSOE, tal y como anunció ayer y contra todo pronóstico, votó en contra del texto, apoyándose en la vulneración de derechos fundamentales para los inmigrantes ilegales, refiriéndose a los de sindicación, huelga, reunión y manifestación. También se pronunciaron en contra del texto IU, el Grupo Mixto, y el PNV, que decidió dar su negativa en lugar de abstenerse. El PP cree que el voto en contra socialista, el más llamativo, responde a un afán de contentar a las facciones más radicales del partido, que no estaban a favor de un acuerdo con el Gobierno.
La reforma de la Ley de Extranjería está suponiendo una sucesión de sorpresas. Después de que el Ejecutivo decidiera estudiar medidas alternativas para regularizar a más de 57.000 inmigrantes ilegales que quedaron fuera del proceso de extraordinario atendiendo a una petición de los socialistas, todo apuntaba a que se iba a llegar a un acuerdo para aprobar el borrador de reforma. Sin embargo, el jueves el PSOE puso como condición imprescindible para su respaldo al texto el reconocimiento de los derechos de huelga, sindicación, manifestación y reunión para todos los inmigrantes, derechos que el borrador de reforma prohibe ejercitar a los inmigrantes que no estén en una situación regular. El PP no aceptó el órdago y la consecuencia ha sido la falta de adhesión del principal partido de la oposición.
La portavoz socialista en el Congreso, Consuelo Rumí, argumentó la postura de su partido, preguntándose si el Ministerio del Interior tomará las medidas para que se pida la documentación a un grupo de inmigrantes que están reunidos en la calle o si se va a analizar si los afiliados y asociados tienen autorización para trabajar. Sin embargo, la portavoz del PP, María Àngeles Muñoz, considera que es muy lógico restringir estos derechos a las personas que están al margen de la ley.