El fiscal general del Estado, Jesús Candela, dijo ayer que «irrita un poco» saber que la Junta de Andalucía dotó de protección al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no al fiscal jefe de ese tribunal, Luis Portero, asesinado por ETA el pasado 9 de octubre. El fiscal general añadió que no obstante no se puede culpar a nadie de la diferencia en la protección entre el presidente del TSJA y el fiscal jefe, porque «no sé cuál es la razón», y señaló que en el orden jerárquico ambos se encuentran al mismo nivel.
Para Cardenal, es «muy natural» la reacción de la viuda de Luis Portero, quien ha denunciado la doble negativa que se le dio a su marido cuando solicitó escolta. «La protección que se dio al fiscal jefe se ha mostrado insuficiente», constató Cardenal, quien puntualizó que «eso no quiere decir que el Ministerio del Interior haya hecho lo que estimaba que podía hacer, dadas las posibilidades».
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, aseguró que la Administración autonómica lleva dos años prestando un servicio de escolta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, «sin tener competencias en materia de seguridad personal» y porque el propio Méndez de Lugo lo planteó al advertir que carecía de esas medidas de seguridad.
La consejera de Justicia y Administración Pública quiso remarcar que la Junta no tiene ninguna competencia en materia de seguridad personal, que corresponde «exclusivamente» al Estado. Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, pidió al Gobierno que ofrezca una explicación «satisfactoria» de lo que ocurrió a la familia de Portero y a la sociedad.