El debate del proyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería, planteada por el Gobierno, comenzó ayer en el Parlamento con el rechazo en el Pleno del Congreso, gracias a los votos en contra del PP, CiU y CC y la abstención del PSOE, de las enmiendas a la totalidad de IU, PNV y el Grupo Mixto.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió en el Pleno el proyecto del Ejecutivo, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto, por la necesidad de afrontar una reforma de la actual Ley «desde algo esencial: el principio de la prudencia». La política española sobre inmigración, subrayó el ministro, «tiene que estar basada en el horizonte europeo» y sustentada en los pilares de la integración y la convivencia de todos los extranjeros; la canalización de los flujos migratorios hacia territorio español; y la regulación de instrumentos eficaces para la lucha contra el tráfico de personas.
La reforma, que debe aunar los principios básicos de «la capacidad real de acogida con las responsabilidades asumidas en Tampere», obedece a «un compromiso del Gobierno», a «que no se puede abdicar de las convicciones», y a que el fenómeno migratorio «se desborda» con la ley vigente. En cuanto al contenido de la misma, Mayor Oreja, indicó que «no se trata de hacer una carrera en la enumeración de los derechos de los inmigrantes. Lo importante es que sea una realidad efectiva el ejercicio de esos derechos». El ministro lamentó la abstención del PSOE y la indefinición de CiU, al tiempo que rechazó las posturas inmovilistas.
En el debate, que se inició a las nueve de la mañana y se prolongó hasta el mediodía, el portavoz socialista, Jesús Caldera, explicó que su grupo se abstenía, «aunque no coincidamos ni en el contenido ni en la oportunidad» de la reforma, porque «hay que dar una oportunidad al diálogo» y la inmigración supone «un formidable reto» que tiene que ser resuelto a partir de «un acuerdo de mínimos» que lleve a un pacto de Estado, por lo que mantendrá abierto su voto hasta el final.