El ministerio de Fomento consiguió reunir ayer por la mañana a transportistas y cargadores si bien fracasó en su intento de que el sector y la Administración pudieran firmar un acuerdo que palíe el efecto de la subida del precio de los carburantes en sus costes.
La reunión estuvo presidida por el titular de esta cartera, Francisco Àlvarez Cascos, que el pasado viernes, tras una semana de negociaciones, confirmó que su departamento tiene cerrado un acuerdo con los transportistas. Àlvarez Cascos, señaló que «el problema de representatividad del movimiento asociativo» es una de las razones por la que todavía no se ha cerrado un acuerdo y explicó que si en la mesa no están quienes representan al sector todo lo que ahí se decida «se derretirá como el hielo».
El conjunto de medidas que el Gobierno ha ofrecido al sector del transporte por carretera, que ya han sido aceptadas por el sector aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo definitivo, asciende a 52.900 millones de pesetas, según informaron fuentes de la negociación. Entre estas ayudas, destacan los 20.000 millones de pesetas que irían destinados a la reducción de los módulos del IRPF y los 10.000 millones que corresponderían a desgravaciones por inversiones en vehículos menos contaminantes.
El presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Ovidio de la Roza, aseguró que su objetivo es lograr un compromiso firme por parte de los cargadores de cumplir el código de buenas prácticas ya negociado y de las tarifas de referencia vigentes, lo que llevaría a desconvocar la movilizaciones.