La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comparte con el Gobierno la necesidad de endurecer la respuesta penal a la violencia proetarra, por lo que muestra su apoyo a los principios generales de la reforma prevista por el Ejecutivo.
Sin embargo, cree que la necesidad de que los jóvenes entre 14 y 16 años necesiten la aplicación de medidas educativas y resocializadoras hace inviable la aplicación del delito de terrorismo en este tramo de edad. Por ello, considera más conveniente aplicarlo a partir de los menores de al menos 16 años que participen en delitos de violencia callejera.
En lo que se refiere a la creación de un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional para delitos de esta naturaleza, el órgano judicial asegura que «rompe con el principio de proximidad territorial entre el órgano de enjuiciamiento y el lugar de realización de los hechos e, incluso, del domicilio del menor». Por ello, sería necesario establecer, en el caso de que se crease, los mecanismos complementarios de actuación, para evitar desplazamientos continuos de los menores hasta la sede del Juzgado.
La Comisión, en cambio, no plantea ninguna objeción a la agravación de las penas por el delito de daños ni de las que correspondan a quien atente contra concejales, que el Gobierno pretende introducir mediante la reforma del Código Penal, al igual que a las sanciones para quienes perturben el orden de los plenos municipales, aunque en este aspecto pide que se especifique la conducta perseguida con mayor precisión.