En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que ayer aprobó la reforma, el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló a la «sensatez, el equilibrio y la responsabilidad» y pidió que «no haya hipocresía» con la inmigración.
«Tenemos que regular la entrada de personas en España», dijo, y con la actual ley no se puede hacer «porque no hace distinción entre legales e ilegales; es el único país del mundo donde se produce esa circunstancia». Sobre la expulsión de inmigrantes, Rajoy manifestó que cuando el Gobierno tiene conocimiento de una situación irregular, «tiene que cumplir la ley». Rajoy explicó que el nuevo proyecto aprobado asume 12 de las 17 sugerencias que ha hecho el Consejo del Poder Judicial, y cinco de las 10 realizadas por el Consejo de Estado, con las que se ha modificado la exposición de motivos y 13 artículos del texto que el Gobierno aprobó el pasado 7 de julio.
Destacó que se han dejado fuera aportaciones como la del Consejo del Poder Judicial que planteaba su preocupación respecto de los extranjeros en situación ilegal en relación con los derechos como asociación, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga. Tras reiterar su disposición al diálogo en el trámite parlamentario, el vicepresidente Rajoy confía en que pueda entrar en vigor antes de finales de año. Tras conocer la aprobación de la reforma, el PSOE, que había pedido su retirada, afirmó que el Gobierno «no tiene voluntad real de consenso» y añadió que el nuevo texto no incorpora las sugerencias de fondo del Consejo General del Poder Judicial. La portavoz del Grupo Socialista en inmigración, Delia Blanco, dijo que «es demasiado prematuro» saber si su partido recurrirá esta reforma ante el Constitucional y agregó que este punto «ya lo estudiaremos».