El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó que las más de 70 medidas responden a la necesidad de agrandar las posibilidades de crecimiento de la economía española en un contexto de integración en la UE, globalización de la economía y desarrollo de las nuevas tecnologías.
Los cinco decretos recibieron el visto bueno del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, y de Coalición Canaria, mientras que el resto de los grupos parlamentarios apoyaron sólo algunos o los rechazaron en su totalidad. En cualquier caso, el Congreso tramitará como proyecto de ley las disposiciones fiscales y sobre el suelo. El Grupo Socialista votó únicamente a favor del decreto presentado por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, para liberalizar el mercado de la telefonía local y establecer una tarifa de plana de Internet en horario restringido. CiU votó a favor de todas las medidas excepto las contenidas en el Decreto de fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, sólo por no estar de acuerdo con la ampliación de horarios comerciales, medida en la que ve indicios de inconstitucionalidad.
Rato destacó la trascendencia de las reformas que afectan al sector energético y aseguró que el objetivo del Gobierno es romper modelos empresariales de orientación vertical para garantizar que dejarán de existir posiciones de dominio. Sostuvo que las medidas de fomento de la competencia cambiarán el marco de actuación de algunos sectores que funcionaban hasta ahora de manera «más o menos protegida». El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Jordi Sevilla, acusó a Rato de ser «un mal sastre» que «ha querido hacer un traje más grande para la economía española y le ha salido a la medida de unos pocos y tremendamente estrecho para la mayoría». En opinión del PSOE, las medidas «han sido pactadas y aceptadas por los monopolios y operadores dominantes en cada sector».