El Gobierno aprobó ayer la eliminación de la discrecionalidad que la Ley del Suelo de 1998 concedía a las administraciones locales en la clasificación de suelo 'no urbanizable' con el objetivo de incrementar así la cantidad de suelo urbanizable, introducir mayor flexibilidad en el mercado del suelo y atajar el incremento del precio de las viviendas.
Asimismo, el Gobierno reconoció el derecho de la iniciativa privada a promover la transformación del suelo urbanizable y aprobó la implantación del denominado 'silencio administrativo', dentro del paquete de medidas liberalizadoras aprobada por Real Decreto. Por este sistema, un promotor privado de suelo podrá considerar como aprobados por parte de la Administración los instrumentos urbanísticos que ha planteado si a los seis meses de hacerlo no ha obtenido niguna respuesta de la administración.
El Consejo de Ministros autorizó también la puesta en marcha de otras medidas con la finalidad de neutralizar la subida de los precios de la vivienda. Así, por una parte, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dejarán de tener la exclusividad en la intermediación inmobiliaria. Del mismo modo, se exigirá una mayor transparencia en los folletos informativos de los préstamos hipotecarios en lo referente al derecho a elegir sociedad tasadora, entidad aseguradora y notaría. Por último, se establece una reducción de los aranceles de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de un 5%.