La Confederación Española de Comercio (CEC) decidirá el próximo jueves, durante la reunión de su junta directiva, las medidas de presión que adoptarán los comerciantes, entre las que no se descarta el cierre, para frenar la liberalización de los horarios comerciales propuesta por el Gobierno. El plan de liberalización contempla la libertad total de horarios para los pequeños comercios, ampliar de 72 a 90 las horas de apertura y ampliar las aperturas en festivos para las grandes superficies de 8 a 20 días.
La intención de los comerciantes es que Rato les informe y convencer a Economía y a la sociedad de que «nuestra postura es intransigente y está respaldada por argumentos lógicos», afirmó el portavoz de la CEC, Miguel Angel Fraile. «El nivel de crispación es enorme, esto es una carrera de fondo y estamos dispuestos a todo», reiteró Fraile, quien, no obstante, dejó claro que «queremos dialogar antes de llegar a adoptar ninguna medida».
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), califica por su parte de «intervencionista» la medida anunciada por el Gobierno, ya que la legislación vigente dota a las comunidades autónomas de competencias en esta materia. El secretario general de ASEDAS, Andoni Monforte, pidió a la Administración «el cumplimiento de la ley» en materia de horarios comerciales y desarmó las tesis defendidas por los partidarios de tal medida al señalar que en el caso de que se adoptara, ni se crearía empleo, ni afectaría de forma positiva a la inflación, "al contrario, según Andoni Monforte, incrementaría los precios a medio plazo". En su opinión, se trata de una batalla comercial «con la que los hipers van a ganar 300.000 millones de pesetas a costa de los pequeños y medianos comercios y de los súpers». En relación a su impacto en el IPC, afirmó que los últimos datos publicados sobre la inflación revelan que la alimentación contribuyó a contener los precios porque en España existe un modelo de distribución comercial «que funciona».