Los Gobiernos de España e Italia impulsarán un grupo de trabajo conjunto con los ministerios de Justicia e Interior para propiciar un «marco jurídico común», que permita desbloquear las extradiciones de mafiosos, y promoverán una iniciativa encaminada a ordenar la inmigración en la UE.
Al término de la IX Cumbre hispano-italiana, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, subrayó la responsabilidad que corresponde a ambos países como frontera exterior de la UE, y abogó por favorecer una mayor integración de la política comunitaria en materia de inmigración, mediante la fórmula de cooperación reforzada, algo que juzgó «perfectamente posible».
El primer ministro italiano, Giuliano Amato, recordó que la coordinación policial y judicial de la UE está en una fase intergubernamental, y advirtió de que la ampliación a nuevos socios modificará las fronteras exteriores de la Unión, si bien se mostró convencido de la conveniencia de una acción orientada por España e Italia. Tras recordar que ambas naciones deben asumir una responsabilidad común en la vigilancia de las fronteras, Amato recalcó la necesidad de «identificar y detener» la inmigración clandestina con reglas concretas de «admisión y exclusión», objetivo al que España e Italia desean contribuir con una iniciativa coordinada cuya preparación, según precisó Aznar, ya ha sido encomendada a los respectivos representantes ministeriales. En Nápoles también se sentaron las bases para intentar superar los obstáculos que impiden la extradición a Italia de mafiosos residentes en España y condenados por la justicia italiana.