El Gobierno vasco y el Ministerio de Interior volvieron ayer a la carga con un nuevo cruce de descalificaciones, siguiendo el enconamiento que protagonizaron el miércoles en la Cámara Baja Mayor Oreja y el diputado González Txabarri. Para la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, la intervención del ministro demostró que hace «política del chipirón», es decir, respondiendo acusando, o bien yéndose «por otros derroteros, descalificando a un grupo político, y hablando de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la pregunta que directamente se le realizó».
De la misma manera se expresó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, quien afirmó que «se puede decir» que Mayor Oreja confirmó «la ocultación de datos» de las personas amenazadas por ETA. De hecho, aseguró que el hecho de que aún no se haya transmitido a la Ertzaintza la documentación incautada al 'comando Basurde' viene a constatar la ocultación de información. «El ministro se ampara en datos irrelevantes. Nos gustaría saber cuáles son los criterios que utiliza el ministro del Interior para saber qué datos son relevantes y qué datos son irrelevantes, porque lo que él considera irrelevante puede ser de importancia para el Cuerpo encargado de velar por la seguridad de las personas en el País Vasco, que es la Ertzaintza», explicó. Según Imaz, ha existido una «actuación de deslealtad» por parte del ministro y le pidió que aclare de «forma pública y oficial» los mecanismos de Interior para informar al Ejecutivo vasco sobre ETA.
Por su parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que las declaraciones del PNV sobre este asunto le producen «asco, pena y repugnancia», porque forman parte de una «infame» campaña política puesta en marcha por los nacionalistas para intentar abrir una grieta entre el PP y el PSOE.