El ministro de Justicia, Àngel Acebes, propuso ayer a los grupos parlamentarios iniciar de inmediato un diálogo para la puesta en marcha de un «Plan de Choque para la Agilización de la Administración de Justicia» que acabe con retrasos y costes innecesarios. Entre las medidas concretas que plantea este plan de choque, el ministro apostó por la elevación temporal de la edad de jubilación de los magistrados a los 72 años, el aumento de las posibilidades de desempeño de la función jurisdiccional como suplentes a los magistrados de carrera, la unificación de la fase de oposición en las carreras judicial y fiscal y la reducción transitoria en unos meses de la duración de la Escuela Judicial.
Además, propuso la adscripción de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia a otras mientras tengan menores cargas de trabajo. Estas medidas tienen como objetivo, explicó Acebes, solucionar el grave problema de que 500 juzgados en España no tengan un juez profesional y que una de cada siete plazas de jueces esté vacante.
Posteriormente al plan de choque, se desarrollarían sucesivas etapas de acuerdo dentro del Pacto de Estado a corto y largo plazo. Respecto al sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el ministro se mostró partidario de que sean los jueces y magistrados los que elijan a los doce vocales de extracción judicial y ofertó un acuerdo para conseguir conformar un Consejo con las mayores garantías de independencia.
Sobre el Ministerio Fiscal, se abordarían, dijo el ministro, aspectos relacionados con la formación de los fiscales, su especialización, su participación en la investigación criminal y su régimen disciplinario, así como la regulación de determinados cargos y responsabilidades. Otros de los asuntos que citó Acebes como objetos prioritarios del Pacto son la figura del juez profesional, la potenciación de la figura del secretario judicial, el papel de la oficina judicial y el impulso del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a aquellas Comunidades Autónomas que aún no tienen transferidas las competencias.