Entre las medidas previstas por el Gobierno para liberalizar el sector de los hidrocarburos en España está la supresión de los obstáculos que impiden ampliar el número de gasolineras y aumentar la capacidad de distribución de CLH, compañía propietaria de la red de oleoductos, así como diversificar su accionariado. El ministro Rodrigo Rato anunció que, además, se intentará abaratar el combustible potenciando la venta en grandes superficies o hipermercados y dando mayor facilidad a las cooperativas para vender gasolina.
El plan consistiría en ampliar el número de puntos de venta de gasolina para que en cuatro años alcance el promedio de la Unión Europea. Actualmente, en España existen 7.643 puntos de venta, frente a los 17.125 de Francia o los 13.161 del Reino Unido. El mercado español dispone solo de 0'35 gasolineras por cada 1.000 vehículos, uno de los promedios más bajos de la UE.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, atribuyó el alza de los precios en los carburantes al elevado precio del crudo, que se ha agravado con una pérdida de valor del euro. Respecto a las sospechas de que exista un acuerdo sobre los precios por parte de las petroleras, Aznar aseguró que ese tema se encuentra en manos de las autoridades de Defensa de la Competencia, por si pudieran existir prácticas restrictivas.
Ante esta escalada del precio del crudo y de las gasolinas, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, instó ayer al Gobierno a modificar el carácter progresivo de la fiscalidad que aplica sobre los carburantes. «Gravar impuestos sobre cada crecimiento de precios es algo poco explicable que debería analizarse en su conjunto, no sólo en el tratamiento de uno de los agentes que interviene», afirmó. La incompleta liberalización del sector y la falta real de competencia entre las petroleras es la principal causa de la subida de los carburantes, según PSOE e IU. Así, el portavoz en materia económica del Grupo Parlamentario Socialista, Jordi Sevilla, pidió ayer al Gobierno que vuelva a aplicar una política de precios máximos para los carburantes y regule las condiciones de acceso a terceras compañías a la red de distribución de hidrocarburos hasta que se produzca una «efectiva liberalización del sector». En la misma línea, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, señaló que el principal objetivo para justificar las privatizaciones, el de reducir los precios aumentando las competencias, se está constatando como un fracaso.