El abandono el viernes del proyecto de fusión entre Telefónica y la holandesa KPN reviste la apariencia de un fracaso personal para el presidente de la compañía, Juan Villalonga, cuya permanencia al frente de la primera empresa del país se ha visto seriamente ensombrecida.
El fracaso de esta fusión, que va a obligar a Telefónica a revisar su estrategia de expansión en Europa, significa un doble revés para Villalonga, desautorizado por el núcleo duro de sus accionistas, y sobre todo por el Gobierno de José María Aznar, que lo había colocado al frente del grupo en el momento de su privatización en 1996.
El Gobierno, que dispone de veto sobre las decisiones estratégicas de Telefónica, se opuso de manera categórica a la fusión. La razón esgrimida fue que el Estado holandés, que controla el 43% de KPN, se habría convertido en el principal accionista de la nueva compañía, situación que el Ejecutivo considera contraria a la política de liberalización aplicada en España.
Durante un consejo de Administración, al que asistió por video-conferencia desde Miami, donde espera el nacimiento de su hijo, Villalonga vio como el núcleo duro del accionariado de Telefónica, compuesto por el BBVA y la Caixa, se unían a la opinión del Ejecutivo español y votaban en contra de la fusión.
Era la primera vez que el BBVA y la Caixa se oponían abiertamente a los planes de Villalonga, abriendo una crisis sin precedentes en el seno del gigante de las telecomunicaciones español.
Telefónica y KPN anunciaron entonces que renunciaban a la fusión y el título Telefónica, que el martes había experimentado una fuerte alza como consecuencia del anuncio del proyecto de unión, caía un 3'6% en la bolsa de Nueva York (los mercados bursátiles europeos ya estaban cerrados).
Los expertos se preguntan como Villalonga pudo atreverse a anunciar el acuerdo con KPN antes siquiera de conocer la opinión del Gobierno y de los pesos pesados del consejo de administración.