La Subdelegación de Gobierno de Guipúzcoa y Confebask confirmaron ayer el envío de cartas de ETA a empresarios vascos solicitándoles el pago del impuesto revolucionario durante el mes de abril que se inscribieron en la oleada de cartas extorsionadoras que en los últimos tiempos reciben los empresarios.
Varios empresarios vascos habrían recibido durante el mes de abril cartas en las que les recuerdan que «pasados dos largos años desde que recibió la petición de aportación económica por parte de ETA, y sin que haya realizado la mínima gestión para satisfacer dicha deuda, le hace saber que usted y sus bienes son considerados a partir de ahora objetivo operativo de ETA, que decidirá cómo y cuándo actuar». La cantidad que ETA reclama al empresario es de doce millones de pesetas y «sólo» su pago, añade ETA, hará reversible la decisión de la organización armada de actuar contra él.
El secretario de Política autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, pidió a los empresarios que hayan recibido en los últimos meses estas cartas extorsionadoras de ETA, que recurran a la Ertzaintza y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para protegerse y no pagar el llamado «impuesto revolucionario».
«No me sorprende que haya presión terrorista con este impuesto», señaló Jáuregui, quien manifestó que las personas afectadas tienen que tener el apoyo máximo del sistema político. «Este sistema les tiene que dar una referencia desde las instituciones, desde el Gobierno vasco hasta el sistema de partidos, pero desgraciadamente hoy no podemos decir que haya ningún apoyo porque la política vasca está rota», concluyó. También la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria animó a las instituciones a que persigan «con firmeza» la extorsión de ETA a los empresarios y denunció «enérgicamente» este tipo de métodos «intimidantes y coercitivos» que, según dijo, «más allá de la posibilidad de causar perjuicios económicos a la sociedad en general, convierten a un número importante de ciudadanos vascos y navarros en víctimas del terror de ETA».