Josep Piqué indicó que un caso concreto de aplicación de la ley es el de la normativa lingüística de las Universidades, que puede ser «mejorable» para garantizar «el derecho de todo el mundo a poder utilizar normalmente la lengua que consideren conveniente y hacer eso compatible con el necesario fomento de la utilización del catalán en las universidades catalanas».
El portavoz del Gobierno en funciones aludía de esta forma a la polémica surgida por el reglamento lingüístico de la Universidad Rovira i Virgili, en la que se ha abierto un proceso penal por el expediente y sanción a una profesora.
Lamentó «profundamente» que este tipo de situaciones se tengan que dilucidar en el ámbito de los procedimientos penales. A este respecto subrayó que todo lo que signifique avanzar en el distrito abierto «es algo que difícilmente merece discusión, porque es coherente con el carácter universal que debe tener cualquier Universidad». El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, no tardó en replicar al asegurar que «hurgar» en la política lingüística de Catalunya «es un camino seguro para llegar a una política de ruptura con CiU y el Gobierno de la Generalitat».
Sin embargo, Pujol aseguró que esta cuestión «va a parte» de la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno español y que la Ejecutiva de CDC «no quiere» estar condicionada por las declaraciones del portavoz en funciones del Gobierno central, Josep Piqué, porque lo importante es «crear un clima positivo».
Pujol justificó su decisión de apoyar la investidura de Aznar, pese a la oposición de buena parte de su partido, porque a la larga será «más rentable» crear un buen clima con el PP y ahora CiU sólo podría obtener «calderilla». Reitera que quiere las manos libres y no entrar en el Gobierno aunque voten a favor de la investidura de Aznar. Pujol afirmó también que el Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, «dudo mucho de que pueda aprobar muchas leyes con el 80 por ciento de los votos», tal y como ocurrió en la votación de la Ley de Política Lingüística. Según el presidente de la Generalitat, esta amplia mayoría demuestra que se trata de una ley «de centro» y «de equilibrio» y en ningún caso una ley «radical y extremista».