ETA envió a mediados de febrero una nueva remesa de cincuenta cartas extorsionadoras a empresarios vascos y navarros en las que les exige el pago del 'impuesto revolucionario'. En términos similares a otros envíos de la banda, ETA exige el pago de entre 10 y 25 millones y advierte al empresario que sus bienes han pasado a ser objetivo operativo de ETA, hasta que abone lo exigido.
Fuentes de la lucha antiterrorista informaron de que ETA envió las cartas extorsionadoras y situaron la recepción de las misivas entre los dos atentados mortales de la banda que causaron la muerte del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García, el parlamentario socialista Fernando Buesa, y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, o justo detrás de este último atentado.
Al final de las cartas, escritas en euskera, la banda añade un texto en castellano en las que explican las exigencias y, en algunas ocasiones, recuerdan al empresario que la misma petición de pago del ´impuesto revolucionario´ fue realizada por la banda terrorista en ocasiones anteriores.
Tras conocer la nueva remesa de cartas extorsionadoras a los empresarios vascos, el presidente del Gobierno de navarra, Miguel Sanz, pidió a los empresarios a los que ETA ha pedido el 'impuesto revolucionario' que pongan este hecho en conocimiento de las autoridades y advirtió que no debe hacerse caso «ni muchísimo menos» a este «nuevo chantaje».
La Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (ADEGI) confirmó los chantajes y pidió a los partidos políticos que asuman que la paz es tema prioritario en la agenda. Los empresarios indicaron que este chantaje se ha venido manteniendo incluso durante el periodo en que se mantuvo la tregua y aseguraron que esta situación «no hace sino generar desazón y desánimo en la clase empresarial que lleva demasiado tiempo soportando esta situación, que se convierte en un obstáculo insalvable para la paz, el crecimiento económico, la inversión y el empleo».