El anuncio del juez Simon Brown de aceptar la presentación de la revisión judicial ha provocado que el proceso al ex dictador chileno Augusto Pinochet diera un giro radical. Los argumentos que se han presentado hasta ahora y los que se van a presentar en adelante formarán parte de esta revisión judicial y serán los tres jueces que forman el Tribunal Divisional del Supremo británico los que deberán dictar sentencia en los próximos días. Si la revisión judicial prospera, el ministro Jack Straw podría ser obligado por los jueces a divulgar el informe médico sobre la salud de Pinochet. Y si esto ocurre, aunque el ministro podría apelar, acatará esta orden judicial, según reveló ayer el abogado del Ministerio de Interior británico, Jonathan Sumption, en el Tribunal Superior de Londres.
El inesperado anuncio de pasar a la apelación sacó de golpe la vista judicial del letargo en que había caído en los últimos días. Para Brown, las partes están planteando argumentos «razonables» cuando solicitan la revisión judicial, sobre todo al argumentar que el informe médico de Pinochet es de interés público.
En un momento determinado, Brown recordó que el juez Garzón pidió también tener acceso al informe médico, tras lo que el abogado de Interior alegó que el Gobierno español «no se queja» del procedimiento seguido por Straw. «Hay una clara diferencia entre la posición del juez Garzón y del Gobierno español», añadió tras considerar que el Ejecutivo español no respalda el «entusiasmo» del magistrado en este caso.
Tras conocer la decisión del Tribunal Divisional del Supremo británico, Amnistía Internacional se congratuló y consideró, a través de un comunicado, que «un Tribunal podrá ahora examinar cuestiones relativas a la justicia y transparencia en conexión con el procedimiento utilizado por el ministro de Interior británico, Jack Straw en este caso». «Amnistía Internacional y otras seis organizaciones humanitarias vinieron al Alto Tribunal con la esperanza de ser oídas, y hemos ganado ahora esa oportunidad», asegura en el comunicado. Asimismo, pide al Tribunal que anule la decisión preliminar del ministro del Interior británico ya que consideran que «se hizo de manera injusta».