La VI legislatura, gobernada por el PP tras su victoria en las elecciones del 3 de marzo de 1996, es la más larga desde el restablecimiento de la Democracia, con una duración de tres años, diez meses y quince días. El Gobierno que José María Aznar preside desde el 4 de mayo de 1996 ha superado la duración de la última legislatura gobernada por Unión de Centro Democrático (UCD), hasta ahora la más larga, con tres años, cinco meses y 26 días, iniciada con Adolfo Suárez en la Presidencia y concluida por Leopoldo Calvo Sotelo.
La disolución de las Cortes cierra una legislatura de cuatro años en los que el Parlamento ha aprobado alrededor de 220 leyes que introdujeron importantes modificaciones en la vida económica y social del país.
En el ámbito económico destaca la aprobación de la reforma del IRPF, la introducción del euro y la ley que regula los derechos y garantías de los contribuyentes, así como las sucesivas iniciativas con las que el Gobierno ha pretendido la liberalización de distintos sectores económicos. Así, se promulgaron leyes como la del sector eléctrico, postal y de las telecomunicaciones, cerrando la legislatura con la reciente reforma de la Ley de Defensa de la Competencia.
Además, se aprobaron las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1997, 1998, 1999 y 2000, junto a las correspondientes leyes de «acompañamiento», que supusieron numerosas modificaciones en distintos ámbitos de la actividad económica y social.
La reforma del sistema de financiación de las autonomías fue la principal novedad legislativa en esta legislatura en materia de política autonómica, que se desarrolló también al modificarse los estatutos de Balears, Canarias, Aragón, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias, las dos castillas, La Rioja y Extremadura.
Además, los acuerdos del Ejecutivo con los sindicatos de principios de la Legislatura se tradujeron también en leyes en el Parlamento como la de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, o la de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social. También en materia sociolaboral, se promulgaron leyes destinadas a mejorar la integración profesional de la mujer, como la de conciliación de la vida familiar y laboral, así como otra serie de medidas relacionadas con este colectivo, como la posibilidad de cambiar el orden de los apellidos o las destinadas a combatir los malos tratos domésticos.