El Gobierno, no obstante, aclaró a las autoridades del Reino Unido que no presentará recurso ante la resolución que tome el ministro de Interior, Jack Straw, en el proceso de extradición. Respecto a la petición de interrogar a Pinochet que el juez Garzón remitió al Ministerio de Interior británico, éste aseguró que es el ex dictador quien debe decidir si autoriza al magistrado a interrogarle.
La Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el embajador, Santiago de Mora Figueroa, ya ha entregado a las autoridades británicas las alegaciones del juez Garzón sobre la puesta en libertad de Pinochet por razones humanitarias debidas a su mala salud.
El comunicado de Exteriores añade que el embajador español «tiene instrucciones de reiterar ante el Ministerio de Interior británico la decisión de España de no presentar recurso alguno ante la resolución que tome el Ministerio de Interior, en el proceso de extradición del senador Pinochet». Asimismo, señala que en la tramitación que legalmente le ha correspondido en este proceso al Gobierno español, éste «ha perseguido desde el primer momento un doble objetivo: en primer lugar, cumplir meticulosamente su obligación de respetar y acatar las decisiones de la Justicia española, en los términos de la obligación institucional que es la suya. Y, en segundo lugar, preservar la relación bilateral con Chile, que para España es y ha sido siempre prioridad absoluta». Así, la nota de Exteriores concluye considerando que con esta decisión, el Gobierno español «continúa cumpliendo, coherentemente, aquellos dos objetivos fundamentales».
En su escrito de alegaciones, el juez Garzón pidió al Reino Unido que se autorice la realización de un segundo examen médico sobre la salud del es dictador en el que participen dos forenses especializados en psiquiatría que hayan sido designados por el Juzgado Central de iNstrucción número 5 de Madrid, en el que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura chilena. Asimismo, solicitaba al Gobierno británico que se le autorice a realizar la comisión rogatoria que solicitó el 19 de octubre de 1998 para interrogar a Pinochet antes de que se decida sobre su puesta en libertad.