El Congreso aprobó ayer definitivamente el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil con los votos a favor del PP, PNV e IU. Los parlamentarios socialistas y de CiU votaron en contra de la disposición final, aprobada en el Senado a propuesta del PP y clave para la aplicación efectiva de la ley, ya que regula la presentación de recursos de casación y de los recursos de infracción procesal, recién creados por esta nueva norma.
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, expresó su satisfacción. Destacó el trabajo que han efectuado los diputados y senadores y el alto grado de consenso alcanzado. «Es un buen día para el Parlamento, ya era hora de cambiar una ley de 1881, para lo que hemos estado trabajando exclusivamente para el beneficio de todos los ciudadanos».
Además, rechazó las críticas del sector de la abogacía a la nueva ley, ya que, a su juicio, si la ley mejora el funcionamiento de la justicia, también mejorará el trabajo de sus profesionales.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, anunció que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad por la disposición final del proyecto de ley, que prevé que el Supremo estudie todos los recursos hasta que se apruebe una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la que sea posible que sean los tribunales superiores de las comunidades autónomas los que resuelvan los recursos de infracción procesal. Según Belloch, este supuesto supondría un problema constitucional porque «provocará que existan 17 doctrinas diferentes, una por cada tribunal superior de justicia».
El Grupo de CiU, que votó en contra de esta disposición final aprobada a propuesta del PP, aún no ha estudiado si presentará o no recurso de inconstitucionalidad, explicó el diputado Manuel Silva, quien mostró su disconformidad con el proyecto de ley.