El Gobierno de José María Aznar confirmó ayer que tramitará a Argentina la orden internacional de busca y captura dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para detener a los jefes de la dictadura.
En opinión del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, esta orden «no será bien recibida» por el Gobierno en funciones de Carlos Menem, quien ya anunció que su país «rechazará de plano» la petición del magistrado español que, a su juicio, constituiría «un intento de violación de la soberanía nacional».
El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, confirmó que el Ejecutivo tramitará a Argentina la orden internacional de busca y captura que dictó Garzón para detener a los jefes de la dictadura argentina a quienes acusa de genocidio, terrorismo y torturas cometidas durante la dictadura militar. En opinión de Piqué, Argentina denegará la pretensión del juez para que los responsables de los delitos sean extraditados a España. «En cualquier caso, la actitud del Gobierno español será la usual en estos casos, que es tramitar esa solicitud como ha hecho en otros casos y estar a resultas de lo que decida el país donde están las personas acusadas».
La misma posición mantuvo el ministro de Exteriores, quien opinó que la orden dictada por Garzón «no será bien recibida» por el Gobierno argentino. Además, recordó que en el país andino se aprobó una ley de 'punto final', en la que se estableció la impunidad. Matutes señaló que los delitos por los que se acusan a los militares de la dictadura «ya han sido juzgados en Argentina» y añadió que el Gobierno español «no tiene nada que decir a la actuación de un magistrado, y no quiere entrar en comentarios sobre ello».
Además, en opinión del titular de Exteriores, la decisión judicial podría tener repercusiones en las relaciones hispano-argentinas si hay continuidad en las demandas, pero señaló que hay que esperar, y entonces se analizaría la repercusión eventual en esas relaciones.
A este respecto, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, reiteró "como ya hiciera en referencia al 'caso Pinochet'" que los tribunales españoles «no son competentes para el conocimiento de estos hechos, sin perjuicio de reconocer que se trata de crímenes horrendos». En Argentina, el presidente del Gobierno en funciones, Carlos Menem, anunció que su país «rechazará de plano» la petición de extradición dictada por Garzón. Además, aseguró que una petición de este tipo, constituiría «un intento de violación de la soberanía nacional».