El Pleno del Consejo General del Poder Judicial estableció ayer por unanimidad que Javier Gómez de Liaño ha perdido definitivamente su condición de juez, al acordar ejecutar la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo «en sus propios términos». Así lo anunció el portavoz del Consejo, Benigno Varela, quien explicó que un eventual indulto podría permitir la reincorporación de Liaño a la carrera judicial. En ese sentido, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, afirmó que el Gobierno todavía no ha fijado fecha para el estudio, en Consejo de Ministros, de la petición de indulto del magistrado y recordó que el Gobierno ejerce el derecho de gracia «en casos bastante notorios».
El Consejo no entró a considerar si «la pérdida definitiva del cargo» que establece expresamente la sentencia para Liaño supone su expulsión de la carrera o, por el contrario, si podría ser rehabilitado como juez, sin tener que hacer la oposición, cuando cumpla la condena de 15 años de inhabilitación especial.
Varela reconoció que para una parte de los vocales del Consejo y de la Doctrina Liaño ha sido expulsado, mientras que otros piensan que podría ser rehabilitado tras cumplir su condena de inhabilitación. Añadió que si el Gobierno concede un indulto total a Liaño, ello podría suponer también su reincorporación a la carrera judicial.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial «comparte la preocupación» de los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo por las «descalificaciones personales» recibidas a causa de la sentencia condenatoria, dijo su portavoz.
Gómez de Liaño mostró su indignación por no haber recibido aún el acuerdo del Poder Judicial sobre la ejecución de la sentencia el mismo ya ha sido explicado a los medios de comunicación por el portavoz de este órgano, por lo que pedirá una aclaración.