Tal y como lo hiciese en Andalucía, el Gobierno, con el ánimo de «evitar la quiebra de la unidad del sistema y que se generen desigualdades entre los ciudadanos por razón del territorio en el que vivan» aprobó ayer la presentación de un conflicto positivo de competencias ante el Constitucional contra la decisión de la Generalitat de abonar una paga extra a los perceptores de pensiones no contributivas de Catalunya. El Consejo de Ministros decidió, tal y como lo explicó el ministro portavoz, Josep Piqué, recurrir contra el acuerdo de la Generalidad de Catalunya de 31 de agosto de 1999 por el que se establece una ayuda económica para los titulares de pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva. Piqué precisó que no afectará, por tanto, a las asistenciales "que también recibieron una paga adicional" cuya competencia es autonómica.
El Ejecutivo entiende que el acuerdo de la Generalidad vulnera sus competencias exclusivas en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, en relación con la competencia sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, considera que, al modificarse el régimen económico de las pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, se vulnera la competencia exclusiva atribuida al Estado por la Constitución en su artículo 149.1.17, que se refiere a la garantía de igualdad que tienen todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.
El Gobierno se apoya en la jurisprudencia que el Constitucional ha establecido respecto a la atribución «exclusiva e indeclinable» al Estado de lo relativo al régimen económico de la Seguridad Social.
Así, a partir de ahora, y cumpliendo con los requisitos legales establecidos, el Ejecutivo enviará un requerimiento a la Generalitat para que renuncie a aplicar este incremento de pensiones. Si el Gobierno catalán no rectifica, el Ejecutivo procederá a presentar de manera efectiva el recurso ante el Constitucional.