En representación de la justicia española, la fiscalía británica presentó ayer hasta 35 casos de tortura contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en la vista judicial que empezó en un tribunal de Londres. Rodeada de una gran expectación, la audiencia comenzó pasadas las 10.30 de la mañana y, nada más ser identificado el acusado, la secretaria del juez procedió a leer los 35 casos. Nada más tomar la palabra, el fiscal, Alun Jones, dijo: «No estamos aquí para determinar si Pinochet es culpable o si hay pruebas contra él... sino para determinar si por los crímenes por los que se le acusa» es extraditable a España.
Augusto Pinochet, que no comparecerá ante el tribunal, tiene 83 años, está enfermo y vive recluido en una residencia de las afueras de Londres desde que fuera detenido por orden del juez Baltasar Garzón. Garzón acusa a Pinochet de tortura, genocidio y «desapariciones» durante el régimen militar (1973-1990) que siguió al golpe de Estado contra el Gobierno de Allende. La audiencia durará cinco días, tras los cuales el juez que preside, Roland Bartle, dispone de unas dos semanas para emitir su fallo.
Mientras el juez escuchaba con atención, Alun Jones sostenía que todavía hay 1.100 personas oficialmente «desaparecidas», presumiblemente torturadas y asesinadas, y al no haber aparecido sus cuerpos se trata, a su juicio, de «un delito vigente». El fiscal intentó desmontar desde el principio las previsibles alegaciones de la defensa, en manos del abogado Clive Nicholls, que sólo reconoce un caso de presunta tortura en la persona de Marcos Quezada Yáñez.
Jones sostuvo que «aunque sólo fuera por este caso», según el espíritu del dictamen de los lores, Pinochet no sería inmune. El fiscal reconoció que el ministro del Interior, Jack Straw, quien tiene la última palabra, dispone de «amplia discrecionalidad» para intervenir en el caso.
La decisión del juez es apelable. Si falla que el general puede ser extraditado a España, sus abogados pueden prolongar esta decisión durante cerca de un año. Si el magistrado decidiera que el hoy senador vitalicio no debe ser extraditado, también la fiscalía podría apelar.
En algún momento del proceso "en todo caso al acabar esta vista", el ministro del Interior puede adelantar al juez su criterio y, por ejemplo, sugerirle que Pinochet debe regresar a su país por razones de salud. El ex general padece hasta doce enfermedades, entre ellas y según el último parte médico, diabetes, asma, artritis, trastornos neurológicos y problemas de próstata. Ha tenido, además, algunos derrames cerebrales. Para el Gobierno chileno, su estado aconseja que regrese a su país para evitar el riesgo de que muera. Terminada la exposición de la fiscalía "que durará hasta hoy", le tocará el turno a la defensa, que dispondrá de un tiempo similar antes de que el magistrado que preside se retire a considerar el caso.
El fiscal Alun Jones resumió su intervención diciendo que los cargos contra Pinochet «constituyen algunas de las acusaciones criminales más graves de las que se han presentado ante un tribunal inglés». El abogado de la acusación popular en la causa abierta por la Audiencia Nacional contra Pinochet considera «muy improbable» que la Justicia británica niegue la extradición a España del general.