Todas las cuestiones relativas a las pensiones no contributivas deben permanecer en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado «para preservar un sistema de Seguridad Social público, único y unitario para todos los ciudadanos». Así lo estima un informe del Consejo de Estado hecho público ayer, que respalda al Ejecutivo central en el conflicto con la Junta de Andalucía sobre las pensiones. El Gobierno mostró su satisfacción tras conocerse esta decisión, mientras el Ejecutivo andaluz recordó la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar del decreto del Ejecutivo andaluz sobre la subida de las pensiones y aseguró que el Consejo de Estado «no dice nada nuevo».
El informe elaborado por el Consejo de Estado, basándose en varias sentencias del Tribunal Constitucional, considera que «es contrario al orden constitucional que una comunidad autónoma establezca ayudas económicas complementarias a las pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas». Por ello, recuerda que corresponde al poder legislativo determinar la cuantía de las pensiones no contributivas, a la vez que subraya que «entre la ley estatal y el decreto autonómico no se suscita sólo un problema de rango normativo, sino un conflicto sobre titularidad y ejercicio de competencias del Estado y de autonomía».
«Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez se integran dentro de las prestaciones otorgadas por el Sistema de Seguridad Social, ostentando en tal materia el Estado la competencia exclusiva en cuanto a la legislación básica y el régimen económico», destaca el alto órgano consultivo. Para este Consejo, las decisiones que afecten a las pensiones no contributivas deben permanecer dentro de la competencia exclusiva del Estado con objeto de «preservar la unidad del sistema de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y unitario para todos los ciudadanos».