El Grupo Independiente Liberal (GIL) de Melilla anunció ayer que presentará una demanda por un presunto delito de prevaricación contra los vocales no judiciales, representantes del PP y PSOE, de la Junta Electoral de Zona porque «las mismas personas no pueden adoptar una decisión y doce horas después adoptar la contraria». En opinión del Grupo Socialista, la citada querella «no va a ningún sitio» ya que la acusación de prevaricación no es aplicable a los partidos políticos, sino a las instituciones.
Este anuncio se produjo poco después de que el presidente de Melilla, Mustafá Aberchán, y la formación Coalición Por Melilla (CPM) cumplieran su amenaza de presentar sendos recursos ante la Junta Electoral de la Zona contra la resolución de entregar las credenciales de diputados a los números 3 y 4 de la lista del PSOE por Melilla, Javier de Pro y Rafael Hernández.
En este sentido, el secretario de Política Municipal del CPM, Benaissa Hamed, denunció el «grave atentado contra el Estado de Derecho» que entiende se produjo con las dos reuniones de la Junta Electoral de Zona y el hecho de que los dos vocales no judiciales firmasen los dos acuerdos contradictorios en un breve intervalo de tiempo, por lo que «posiblemente hayan incurrido en un delito de prevaricación».
Asimismo, el portavoz del GIL y consejero de Cultura de Melilla, José María Benítez Melul, aseguró que de forma paralela a la demanda por prevaricación, su partido solicitará, como medida cautelar inmediata ante el Juzgado de los Penal, la suspensión del acuerdo que concede las credenciales de diputados a los socialistas De Pro y Hernández «por los daños y perjuicios que nos puedan ocasionar».