En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, aseguró que con estas medidas se intenta minimizar el riesgo de conductas que puedan ir contra la competencia, evitar situaciones monopolísticas y defender los intereses de los consumidores.
El Gobierno, tras estudiar el informe elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, decidió dar 'luz verde' a la fusión entre el Santander y el BCH, anunciada el pasado 15 de enero y que dio lugar a una entidad con una cartera de participaciones industriales valorada en unos 941.000 millones de pesetas.
El BSCH, copresidido por Emilio Botín y José María Amusátegui, está presente en operadores de telefonía como Airtel, Uni2 y Retevisión, de los que tiene un 30'4; un 15 y un 5'5 por ciento, respectivamente. En el sector energético, la entidad participa en Cepsa, Endesa y Unión Fenosa.
La fusión entre las dos entidades fue anunciada el pasado 15 de enero por Botín y Amusátegui, que serán copresidentes hasta que el segundo se jubile en el 2002. El acuerdo estableció un canje de 3 acciones del Santander por 5 del BCH.
Pocos días después del anunció de la unión entre las entidades, los dos copresidentes aseguraron que el BSCH «no crea ningún problema de competencia a nivel de la Comunidad Europea», así como que no se puede entender como una «estrategia preconcebida».
Según las condiciones aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, el BSCH podrá contar con una participación igual o mayor al 3 por ciento en sólo una de las principales empresas de los sectores de generación y distribución de energía eléctrica, en el de hidrocarburos y en telefonía portátil o fija.
De esta manera, la entidad sólo podrá designar representantes en el Consejo de Administración de uno de los principales operadores en cada mercado, ya sea por cuenta propia o a través de pactos con otros accionistas.
Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de evitar la presencia de accionistas comunes en empresas competidoras que operen en sectores en proceso de liberalización. Con ello se pretende también evitar situaciones monopolísticas y defender los intereses de los consumidores.
El ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, apuntó que se trata de minimizar el riesgo de conductas que puedan ir contra la competencia y advirtió que este informe sienta un precedente para futuras fusiones o concentraciones.