El comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, investigará seis regímenes de ayudas fiscales en el País Vasco y uno en Navarra, partiendo del supuesto de que éstas podrían ser «ilegales».
Si finalmente este responsable considerara que vulneran las reglas del Tratado de la Unión, las empresas beneficiarias tendrían que devolver todas las ayudas recibidas. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, consideró que el Ejecutivo comunitario debería haber pospuesto la decisión de llevar a cabo esta investigación, mientras el Gobierno vasco aseguró que esta decisión poner en peligro el concierto económico vasco y su sistema fiscal.
La Comisión Europea recogerá información precisa sobre estos siete casos proveniente de las autoridades españolas y de terceros interesados, para estudiar si estas ayudas son compatibles con la reglamentación comunitaria.
De los siete casos expedientados, tres corresponden a ayudas fiscales bajo forma de un crédito en los impuestos del 45 por ciento del montante total de la inversión que superan los 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) en la provincia de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Los otros cuatro se refieren a las «vacaciones fiscales» a favor de las empresas de nueva creación, que se benefician de reducciones en el pago de los impuestos durante cuatro años.
Para el Ejecutivo comunitario, estas ayudas fiscales son «ayudas de Estado», que deben satisfacer cuatro criterios establecidos por el Tratado de la Unión para ser autorizadas.