Fuentes gubernamentales señalaron que Interior tiene previsto acercar en una o dos semanas a un reducido grupo de reclusos etarras. No obstante, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, indicó que «no cabe interpretar esas decisiones en el marco de un cambio de orientación respecto a lo que ha venido sucediendo en el pasado». Piqué señaló, además, que el Gobierno ve «deseable un segundo contacto con ETA» ya que en este momento el proceso «avanza» y «nunca como ahora habíamos tenido tantas oportunidades para lograr la paz definitiva». Mayor Oreja precisó que el cambio en la política penitenciaria depende de la posición de los reclusos y de su alejamiento del fenómento del terror de la organización terrorista. Según informaron fuentes gubernamentales, el Departamento que dirige Mayor tiene previsto acercar en breve a entre cuatro y seis reclusos de la banda.
Pese a ello, y por el momento, el momento el Ejecutivo no baraja cambiar su política penitenciaria y que no está contemplada la posibilidad de acercar a Euskadi un grupo importante de etarras. Para que esa circunstancia se produzca, el gobierno desea percibir cambios importantes en la banda armada encaminados a un abandono definitivo de las armas. El pasado mes de mayo, el Ministerio del Interio barajó ya hacer un traslado de cuatro o cinco presos de ETA así como la concesión de un tercer grado. Finalmente, el Ejecutivo paralizó ese plan tras la polémica creada por unas declaraciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien anunció que su partido rompía relaciones con Oreja.
Por otro lado, Piqué expresó el deseo del Gobierno de que se produzca un segundo contacto con ETA después del mantenido el pasado mes de mayo con la dirección de la organización terrorista ya que, según señaló «nunca como ahora» había habido tantas oportunidades para lograr la paz. «Estamos en un momento en el que el proceso avanza», dijo el también titular de Industria y Energía quien subrayó, una vez más, que la paz no debe tener «contrapartida política» ni «precio», y que debe ser «compatible con la libertad y con el respeto escrupuloso a la voluntad de los ciudadanos».