Los diferentes tipos de prejubilaciones costarán este año unos 100.000 millones a las arcas de Estado, según el primer informe sobre las situación de las prejubilaciones en España elaborado por el Ministerio de Trabajo y presentado ayer por su titular, Manuel Pimentel.
Esta situación, unida a las recomendaciones internacionales y del Pacto de Toledo sobre la conveniencia de acercar la edad de jubilación a la legal (65 años), ha llevado a los responsables de Trabajo a hacer un claro llamamiento, por un lado, a las empresas, «sin personalizar en ninguna», para que no abusen de las prejubilaciones a través de los expedientes de regulación de empleo. Y, por otro lado, apelaron a las fuerzas políticas y sociales para abrir un amplio y profundo debate sobre las prejubilaciones en la sociedad, de cara a la próxima renovación del Pacto de Toledo.
«Las prejubilaciaciones fueron eficaces en su momento para ayudar a las empresas en crisis, pero ya ha llegado el momento de reflexionar sobre si el consenso público sobre este sistema de salida del mercado laboral no es un mensaje perverso a la sociedad», advirtió Pimentel.