Sin el beneplácito de todos los sectores, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al plan de empleo para 1999, al que se destinarán 1'5 billones y que prevé actuaciones para 1'1 millones de parados. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, explicó que éste es «coherente con el conjunto de las políticas económicas» del Gobierno.
Pimentel indicó que, efectivamente, este documento no ha sido negociado con los agentes sociales, sino que ha sido objeto de consultas, y destacó que «muchas de las medidas que sí se contemplan en él son fruto del diálogo social, como las de estabilidad en el empleo o la formación profesional».
En ese sentido, sostuvo que la falta de acuerdo con los agentes sociales viene más por lo que no pone en el texto que por las medidas que incluye. Mientras la patronal pide una rebaja generalizada de las cuotas sociales, «cuando el plan indica una rebaja selectiva para aquellos empresarios que creen empleo estable», en el caso de los sindicatos hay dos peticiones que no vienen recogidas, como es la ley que establezca la jornada laboral en 35 horas semanales y el incremento de los subsidios.
Pimentel explicó que las pretensiones de este plan son «potenciar el crecimiento económico dentro de estabilidad», «trasladar ese crecimiento al empleo, sobre todo a través del diálogo social» y, «en tercer lugar, a través de políticas activas, ayudar a encontrar un empleo a los colectivos con dificultades.
Las novedades más importantes que se introducen son el denominado 'compromiso voluntario de actividad' por el que los parados podrán acceder a un circuito de formación y empleo, así como la movilidad geográfica, punto que será negociado por sindicatos y empresarios y afectará tanto a los trabajadores en paro como a los que tienen empleo.